Amanecer o crepúsculo

Al final de una legislatura en la que tanto se han utilizado denominaciones como "chiringuitos", "nichos" y otras por el estilo que no hacen más que encubrir la creación indiscriminada de entidades paralelas a la Administración en un afán excesivo de externalización de servicios, basados en la teoría incierta, en casi todos los casos, de que eran necesarios para la realización ágil de determinados proyectos, dando a entender que la Administración no era capaz de realizar su función con un mínimo de eficacia, todo lo que nos queda son una serie de Fundaciones, Consorcios, Sociedades y Agencias llenos de personal y que fueron incapaces, salvo honrosas excepciones, de realizar eficazmente su trabajo. Por si esto no fuera suficiente, el gobierno que tiene a su cargo la Administración recurre, con harta frecuencia, a encargar determinados trabajos, estudios técnicos y otros a empresas externas, sin tener en cuenta que los empleados públicos pueden ejecutar estas tareas al menos tan bien como fuera. Sólo se estaría dando a los funcionarios lo que les corresponde, sin olvidar que por ello cobran su nómina todos los meses.

Con todo, esto no es lo peor. En ocasiones, la situación es mucho más grave y más onerosa para las arcas públicas, ya que esos trabajos que se encargan fuera ocurre a veces que ya han sido realizados por funcionarios o están en proceso de realización, con lo que a aquellas empresas beneficiarias del encargo se les han entregado los estudios, las bases de datos o las fichas cumplimentadas hechos por la propia Administración, y es sobre esta base sobre la que realizan los supuestos estudios que en la mayoría de los casos ya estaban hechos por los mismos funcionarios. Así estas empresas cobran los trabajos como asistencias externas y no pasan sudores, aunque suelen cambiar la forma, adjuntar tablas (sacadas de los propios datos proporcionados), resituar la información..., es decir, ponerlo bonito para que parezca algo distinto de lo ya hecho, consiguiendo que se pague dos veces por el mismo trabajo. Esto da lugar, con el consentimiento del poder político, a una auténtica vampirización del trabajo funcionarial que proporciona pingües beneficios a los adjudicatarios con un mínimo de inversión. No hace falta citar casos, los hay a centenares, el lector solo tiene que preguntarle a algún amigo que trabaje en la Administración para que le cuente, dentro de la discreción que conlleva su trabajo, varios casos por dirección general.

Posiblemente haya llegado el momento de que nuestra Administración acabe con estas prácticas y se plantee la necesidad de trabajar con los medios de que dispone, que son muchos y muy eficaces. Por un lado, se daría a los empleados públicos las competencias que les pertenecen como tales empleados y la posibilidad de trabajar en aquello para lo que han sido nombrados y que se ganaron en unas duras oposiciones. Por otro, esta forma de 'justicia', así entrecomillada, para con estos empleados públicos permitiría dar un soplo de ánimo a tantas y tan magníficas personas que trabajan para que todo encaje en nuestra Administración, ya que ellos sí son capaces de realizar cualquiera de estas tareas perfectamente, igual o mejor que cualquier persona de fuera, evitando además el acceso torticero a la Administración de quienes no tienen más mérito que el favor del político de turno.

No es un problema del número de empleados públicos, ni de eficacia, ni tan siquiera de modernización, en una Administración joven y preparada como la gallega. Lo único que hace falta es criterio y sentido común para acometer una redistribución eficaz de servicios, después de una tranquila reflexión sobre las necesidades a las que se enfrenta cada consellería y los servicios demandados por los administrados.

Pero esto lleva tiempo, algo de lo que carecen los políticos, y requiere ese mencionado sentido común, por lo que se ve, el menos común de los sentidos.

Fuente el Correo Gallego

Homero Pérez Quitana.