Siempre que azota  la crisis económica, siempre que los muy ricos empiezan a ganar menos dinero que  antes, aparece un grupo de señores de mando o de muy alta obediencia que  arremeten contra los empleados públicos. Los empleados públicos, por lo general, no  quieren ser empleados privados; y tienen todo su derecho. Porque es muy legítimo  y honorable ganarse la vida defendiendo los intereses de todos.  

El discurso es el mismo: sobran  funcionarios. Y de ahí hay sólo un paso para considerar no productiva la función  pública. Cuando no parasitaria, decimonónica, ridícula, ineficaz. Los  funcionarios se convierten en carne de cañón en el discurso neoliberal, tan  desprestigiado él (y para siempre, sospecho, tras la actual catástrofe  financiera universal). Los funcionarios pasan a ser, además, muy privilegiados:  personas que tienen un puesto de trabajo fijo. "Menuda suerte" dicen por ahí  tantos de los que ganan mucho más que los funcionarios y que, muy probablemente,  tributan menos a Hacienda que ellos.

Porque los empleados públicos tienen  hasta su último céntimo controlado por el Fisco, lo que está muy bien, sin duda;  es algo democrático y deseable. Pero igualmente lo sería que tantos ciudadanos  que saben mucho de dinero negro pagaran hasta el último céntimo de los euros que  ingresan. Para que todos, efectivamente, pagáramos menos. O lo mismo, y entonces  habría más dinero en poder del Estado, y menos nervios ahora que todo parece que  se derrumba.

Cuentan esas gentes del poder económico -y muchas otras a  pie de calle-, que sobran funcionarios. Pero no sobran. Y unos y otros dicen  "funcionarios" en tono despectivo. Porque la palabra es algo tristona, sí. Pero  olvidan que en esos tres millones de empleados públicos que dicen que hay en  España, el 90% son médicos, enfermeros, maestros, profesores, bomberos,  policías, militares, guardias civiles, auxiliares de clínica, carteros,  ordenanzas… ¿Sobran muchas de estas personas? ¿Quién es el descerebrado que lo  sostiene? Porque sucede justo lo contrario: hacen falta más empleados  públicos. Entre otras razones porque España ha aumentado en cinco millones de  habitantes en lo que va de milenio, y eso implica un 12% más de carga en la  labor que el sector sanitario, docente y de los servicios sociales públicos  llevan a cabo. Faltan funcionarios: su número no ha crecido en esa proporción  tan intensa. Y el que no se lo crea, que compare la ratio de funcionario por  habitante de España con la de Francia y muchos otros países europeos. Sólo en  los estados más pobres del continente, el porcentaje de empleados públicos es  menor.

Cuanto más rica, justa y democrática es una sociedad, más  funcionarios tiene. Porque más protagonismo adquiere la acción pública. La del  Estado, que tanto nos conviene a todos. El benemérito Estado, que tanto  aborrecían los liberales que han arruinado el mundo, y en cuya solidez se  amparan ahora. El Estado, que en España conforman la Administración Central, la  Autonómica y la Local. Tan Estado es el ayuntamiento de Chiva como el ministerio  de Defensa o la lehendakaritza.

Pero los necios no quieren entender esas  razones. Y hasta se atreven a ofrecer estadísticas que muestran que cuando murió  Franco, en aquella oscura España clasista y liberticida, había muchos menos  funcionarios que ahora. ¿Pero qué servicios médicos había entonces, qué docencia  pública, qué hospitales? Los había, e iban mejorando; pero compararlos con la  actual red de asistencia pública es una broma. Y para atender esa demanda  creciente de los ciudadanos hacen falta muchos funcionarios.

Muchos  médicos, muchos maestros, sí. Pero también hacen falta esos empleados que  tramitan expedientes. Que gestionan la Hacienda Pública o la Seguridad Social,  que tan notablemente funcionan, por cierto. Personas que han ganado su plaza  estudiando, esforzándose. Ellos no han alcanzado esa condición con la facilidad  con la que otros se han podido colocar en las empresas, en los negocios  familiares. No han tenido esa oportunidad. O han preferido la independencia y la  seguridad que la función pública favorece.

Los funcionarios no buscan una  vida de grandes lujos y emociones. Están en su derecho. Ellos viven de sueldos  reglamentados, que llevan veinte años perdiendo poder adquisitivo. Como si  tuvieran que pagar un precio adicional por la gran prerrogativa de ser  fijos.

La función pública está abierta a los ciudadanos. El acceso es  libre, las pruebas se basan en la igualdad, el mérito y la capacidad.  Ciertamente, todas esas personas que ganan tanto dinero cuando la economía va  bien, podrían optar por la función pública. Pero no lo hacen. Ellos prefieren  las mieles, medios y posibilidades del ámbito privado, y es una gran decisión.  Pero si ahora las cosas les van mal, y ojalá que dure poco esta catástrofe, no  deben descargar su estrés y sus impagos contra quienes sostienen el día a día de  un estado democrático y social de derecho que no deja de asumir servicios y de  mejorar sus prestaciones.

Artículo publicado por César Gavela en La Vanguardia de Valencia el 08/02/09.